titulo.: PAC - arbitrariedad y legalidad
autor.: TemasyTEST
Remitido el 27-10-23 a
las 08-16-21
El fundamento de la interdicción de la arbitrariedad de la actuación administrativa se encuentra en el principio de legalidad, que establece que la Administración Pública debe actuar conforme a la ley. Este principio se encuentra recogido en el artículo 9.3 de la Constitución Española, que establece que "la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales".
La interdicción de la arbitrariedad significa que la Administración Pública no puede actuar de forma caprichosa o arbitraria, sino que debe actuar conforme a la ley y al ordenamiento jurídico. Esto implica que la Administración debe respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, así como los principios de igualdad, seguridad jurídica y buena fe.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge el principio de interdicción de la arbitrariedad en su artículo 105.1, que establece que "la Administración Pública actuará con objetividad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, con sometimiento pleno a la Constitución, al resto del ordenamiento jurídico y a los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional".
La interdicción de la arbitrariedad tiene una serie de consecuencias prácticas, entre las que se encuentran las siguientes:
La Administración Pública está obligada a motivar sus actos, es decir, a exponer las razones que justifican su actuación.
La Administración Pública está sometida al control judicial, que puede declarar la nulidad de los actos administrativos que sean arbitrarios.
Los ciudadanos tienen derecho a impugnar los actos administrativos que consideren arbitrarios.
En resumen, la interdicción de la arbitrariedad es un principio fundamental del Derecho Administrativo que tiene como objetivo garantizar que la Administración Pública actúe conforme a la ley y al ordenamiento jurídico, respetando los derechos y libertades de los ciudadanos.
A continuación, se exponen algunos ejemplos de actos administrativos que podrían considerarse arbitrarios:
Un acto administrativo que se adopta sin motivación suficiente.
Un acto administrativo que se adopta en contra de lo dispuesto en una ley.
Un acto administrativo que se adopta con el objetivo de perjudicar a una persona o grupo de personas.
Un acto administrativo que se adopta de forma discriminatoria.
En estos casos, los ciudadanos afectados pueden impugnar los actos administrativos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que podrá declararlos nulos.
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