Como el que nos lee seguro no desconoce el Ayuntamiento de Rasquera (Tarragona) aprobó ayer ceder unos terrenos a la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA) para cultivar marihuana. Según declaran fuentes del consistorio, el objeto de la medida es sanear el déficit local, déficit que es de 1,3 millones de euros. La cesión fue aprobada con los votos de ERC que gobierna el municipio y frente a la oposición de los concejales de Convergencia y Unió (CiU) que votaron en contra. Hoy el consejero de Interior catalán, Felip Puig, ha anunciado que preguntará a Justicia y Fiscalía si la iniciativa es legal.
La historia desde luego es sorprendente. Desde luego hay que estar fumado (valga la expresión) para suponer que el acuerdo consistorial puede escudarse en la jurisprudencia y en el limbo legal en que se encuentran este tipo de asociaciones. Una plantación de siete hectáreas de marihuana es mucha plantación de hectáreas de marihuana y grande tendría que ser la inopia jurídica (inopia que por cierto versa sobre este tipo de asociaciones y no sobre las plantaciones de marihuana) para cohonestar la decisión tomada con la legislación vigente. En este sentido lo natural es que la Generalitat de Catalunya emprenda las acciones legales que con relación a los acuerdos de los municipios catalanes le reconoce su estatuto de autonomía.
Esto por un lado. Por otro no está de más recordar la media sonrisa de atontados con que salieron en las televisiones algunos capitostes madrileños cuando el señor de lo de Las Vegas advino con la buena nueva del Mega Casino. El negocio del siglo. No pudieron ser las Olimpiadas pero ahora esto será Madrid Las Vegas, con sus casinos, sus ruletas y toda la pesca. Y ahí si que no aparecen los limbos legales, las inopias jurídicas y las pamplinas politicastras del asunto del porrito. ¿Que las leyes no lo permiten? Pues se cambian, que ya lo han acordado Gobierno, Comunidad y Ayuntamiento.
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