1. Defensa de los consumidores y usuarios II. Contratos celebrados a distancia.

Los contratos celebrados a distancia son aquellos que se celebran entre un consumidor y un profesional, sin la presencia física simultánea de las partes contratantes, siempre que la oferta y la aceptación se realicen exclusivamente a través de una o más técnicas de comunicación a distancia.

Las técnicas de comunicación a distancia más comunes son:
 

Venta telefónica
Venta por correo electrónico
Venta por catálogo
Venta por Internet
Venta por televisión
 

La regulación legal de los contratos celebrados a distancia en España se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Esta ley establece una serie de derechos y obligaciones para los consumidores y profesionales en los contratos celebrados a distancia.

Derechos del consumidor

Los consumidores tienen los siguientes derechos en los contratos celebrados a distancia:

Derecho de información: El profesional debe informar al consumidor de forma clara y comprensible sobre los principales elementos del contrato, como el precio, las características del bien o servicio, las condiciones de pago y entrega, etc.
Derecho de desistimiento: El consumidor tiene derecho a desistir del contrato sin necesidad de justificación en un plazo de 14 días naturales desde la recepción del bien o desde la celebración del contrato, si se trata de servicios.
Derecho de reparación o sustitución: Si el bien o servicio presenta un defecto, el consumidor tiene derecho a que el profesional lo repare o lo sustituya, sin coste alguno para él.
Derecho de reducción del precio o resolución del contrato: Si el bien o servicio no es conforme con lo pactado, el consumidor tiene derecho a que el precio se reduzca o a resolver el contrato.
Derecho a la protección de datos: El consumidor tiene derecho a que sus datos personales sean tratados de forma lícita y transparente.
Obligaciones del profesional

Los profesionales tienen las siguientes obligaciones en los contratos celebrados a distancia:

Obligación de información: El profesional debe informar al consumidor de forma clara y comprensible sobre los principales elementos del contrato, como el precio, las características del bien o servicio, las condiciones de pago y entrega, etc.
Obligación de entrega: El profesional debe entregar el bien o prestar el servicio en las condiciones pactadas.
Obligación de garantía: El profesional debe garantizar el bien o servicio durante un plazo mínimo de dos años.
Obligación de protección de datos: El profesional debe tratar los datos personales del consumidor de forma lícita y transparente.
Ejercicio del derecho de desistimiento

El consumidor puede ejercer su derecho de desistimiento en los contratos celebrados a distancia comunicándolo al profesional por cualquier medio, siempre que sea fehaciente.

El plazo para ejercer el derecho de desistimiento es de 14 días naturales desde la recepción del bien o desde la celebración del contrato, si se trata de servicios.

El consumidor no tendrá que abonar ningún coste por el ejercicio de su derecho de desistimiento, salvo los gastos de devolución del bien.

Reclamaciones

Si el consumidor tiene algún problema con un contrato celebrado a distancia, puede reclamar al profesional.

Para ello, puede acudir a la oficina de consumo de su localidad o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).

2. Contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles. Garantías y servicios posventa.

Los contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles son aquellos que se celebran entre un consumidor y un profesional, sin la presencia física simultánea de las partes contratantes, siempre que la oferta y la aceptación se realicen exclusivamente a través de una o más técnicas de comunicación a distancia.

La regulación legal de los contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles en España se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Esta ley establece una serie de derechos y obligaciones para los consumidores y profesionales en los contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles.

Derechos del consumidor

Los consumidores tienen los siguientes derechos en los contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles:

Derecho de información: El profesional debe informar al consumidor de forma clara y comprensible sobre los principales elementos del contrato, como el precio, las características del bien o servicio, las condiciones de pago y entrega, etc.
Derecho de desistimiento: El consumidor tiene derecho a desistir del contrato sin necesidad de justificación en un plazo de 14 días naturales desde la recepción del bien o desde la celebración del contrato, si se trata de servicios.
Derecho de reparación o sustitución: Si el bien o servicio presenta un defecto, el consumidor tiene derecho a que el profesional lo repare o lo sustituya, sin coste alguno para él.
Derecho de reducción del precio o resolución del contrato: Si el bien o servicio no es conforme con lo pactado, el consumidor tiene derecho a que el precio se reduzca o a resolver el contrato.
Derecho a la protección de datos: El consumidor tiene derecho a que sus datos personales sean tratados de forma lícita y transparente.
Obligaciones del profesional

Los profesionales tienen las siguientes obligaciones en los contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles:

Obligación de información: El profesional debe informar al consumidor de forma clara y comprensible sobre los principales elementos del contrato, como el precio, las características del bien o servicio, las condiciones de pago y entrega, etc.
Obligación de entrega: El profesional debe entregar el bien o prestar el servicio en las condiciones pactadas.
Obligación de garantía: El profesional debe garantizar el bien o servicio durante un plazo mínimo de dos años.
Obligación de protección de datos: El profesional debe tratar los datos personales del consumidor de forma lícita y transparente.
Ejercicio del derecho de desistimiento

El consumidor puede ejercer su derecho de desistimiento en los contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles comunicándolo al profesional por cualquier medio, siempre que sea fehaciente.

El plazo para ejercer el derecho de desistimiento es de 14 días naturales desde la recepción del bien o desde la celebración del contrato, si se trata de servicios.

El consumidor no tendrá que abonar ningún coste por el ejercicio del derecho de desistimiento, salvo los gastos de devolución del bien.

Reclamaciones

Si el consumidor tiene algún problema con un contrato celebrado fuera de establecimientos mercantiles, puede reclamar al profesional.

Para ello, puede acudir a la oficina de consumo de su localidad o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).

Garantías y servicios posventa

En los contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles, el profesional está obligado a garantizar el bien o servicio durante un plazo mínimo de dos años.

La garantía cubre los defectos de conformidad del bien o servicio con lo pactado en el contrato.

El consumidor tiene derecho a que el profesional repare o sustituya el bien o servicio, sin coste alguno para él.

Si el profesional no cumple con la obligación de garantía, el consumidor puede reclamarle judicialmente.

Además de la garantía legal, el profesional puede ofrecer al consumidor un servicio posventa, como un servicio de reparación o mantenimiento del bien o servicio.

Este servicio posventa puede ser gratuito o de pago.

El consumidor debe ser informado de las condiciones del servicio posventa antes de contratarlo.

3. Responsabilidad civil por productos defectuosos.

La responsabilidad civil por productos defectuosos es un régimen de responsabilidad civil que surge en virtud de la facultad con que cuenta todo consumidor, ante un producto defectuoso, de reclamar, al fabricante o al distribuidor, la reparación del daño que el producto ocasionó, general- mente daños corporales.

Elementos de la responsabilidad civil por productos defectuosos

La responsabilidad civil por productos defectuosos se basa en los siguientes elementos:

Producto defectuoso: Un producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad que cabría legítimamente esperar teniendo en cuenta todas las circunstancias, incluidas la presentación del producto, el uso al que se le destina y la época en que se puso en circulación.
Daño: El daño debe ser causado por el producto defectuoso. El daño puede ser material, moral o ambos.
Causación: El producto defectuoso debe ser la causa del daño.
Relación de causalidad: La relación de causalidad entre el producto defectuoso y el daño debe ser acreditada por el perjudicado.
Responsables

La responsabilidad civil por productos defectuosos recae sobre los siguientes responsables:

El fabricante: El fabricante es el responsable principal de la responsabilidad civil por productos defectuosos.
El importador: El importador es responsable de la responsabilidad civil por productos defectuosos si el producto fue puesto en circulación en el mercado de la Unión Europea por primera vez en su nombre o por su cuenta.
El distribuidor: El distribuidor es responsable de la responsabilidad civil por productos defectuosos si el producto fue puesto en circulación en el mercado de la Unión Europea por primera vez en su nombre o por su cuenta.
 

Prescripción

La acción de reparación de los daños y perjuicios previstos en la Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos, prescribirá a los tres años, a contar desde la fecha en que el perjudicado sufrió el daño.

Protección del consumidor

La responsabilidad civil por productos defectuosos tiene como objetivo proteger a los consumidores y usuarios de los daños causados por productos defectuosos.

Los consumidores y usuarios tienen derecho a reclamar la reparación del daño causado por un producto defectuoso, sin necesidad de demostrar su culpa o negligencia.

En España, la responsabilidad civil por productos defectuosos está regulada por la Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos.

4. Referencia a la protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

La protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica es un objetivo fundamental de la política de consumo en España.

La Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, establece una serie de medidas para garantizar la protección de los consumidores y usuarios que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y económica.

Estas medidas se centran en los siguientes ámbitos:

Información: Los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad tienen derecho a recibir información clara, comprensible y adecuada a sus necesidades.
Formación: Los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad tienen derecho a recibir formación sobre sus derechos y obligaciones como consumidores.
Protección frente a cláusulas abusivas: Los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad están protegidos frente a cláusulas abusivas en los contratos de consumo.
Atención y defensa: Los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad tienen derecho a recibir atención y defensa por parte de las autoridades competentes.
Algunas de las medidas concretas que se establecen en la Ley 4/2022 son las siguientes:

Los contratos de consumo en los que intervienen consumidores en situación de vulnerabilidad deben ser redactados de forma sencilla y clara, utilizando un lenguaje comprensible para este colectivo.
Las autoridades competentes deben promover la formación de los consumidores en situación de vulnerabilidad sobre sus derechos y obligaciones como consumidores.
Se crea un nuevo organismo, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), que tendrá como objetivo la protección de los consumidores y usuarios, especialmente de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La Ley 4/2022 es una ley pionera en España que reconoce la necesidad de proteger a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad social y económica. Estas medidas tienen como objetivo garantizar que todos los consumidores, independientemente de su situación socioeconómica, puedan ejercer sus derechos y disfrutar de una adecuada protección en el mercado de consumo.