1. Señale la afirmación
incorrecta. El Plan de Igualdad en la Administración General del Estado previsto
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres
y hombres:
a) Se aprobará por el Gobierno al inicio de cada legislatura
b) Establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad
de trato en el empleo público.
c) Se negociará con la representación legal de los empleados públicos.
d) Se evaluará semestralmente por la Agencia de Evaluación de las Políticas
Públicas y Calidad de los Servicios.
2. En el procedimiento contra reos ausentes, conforme al artículo 845 Lecrim
si el reo se hubiere fugado después de notificada la sentencia y estando
pendiente recurso de casación:
a) Se suspenderá la tramitación del recurso y se archivarán los autos.
b) La sentencia que recaiga en el recurso de casación no será firme hasta su
efectiva notificación.
c) Interesará el Secretario Judicial que se nombre abogado y procurador de
oficio.
d) No se abrirá nuevamente la causa
3. En el juicio cambiario, dictada sentencia por la que se estima la
oposición cambiaria, el demandante, sociedad mercantil privada, que se proponga
recurrir en apelación dicha sentencia:
a) Deberá constituir depósito de 50€ y autoliquidar la Tasa Judicial conforme al
modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y proceder a su ingreso
en el Tesoro Público si no está incurso en causa de exención.
b) Deberá realizar la autoliquidación de la Tasa Judicial conforme al modelo
oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y proceder a su ingreso en el
Tesoro Público si no está incurso en causa de exención y constituir depósito de
25€.
c) Deberá realizar la autoliquidación de la Tasa Judicial conforme al modelo
oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y proceder a su ingreso en el
Tesoro Público y constituir depósito de 50€, siempre que para ambos casos, no
esté incurso en ninguna causa de exención.
d) Deberá constituir depósito de 50€ únicamente pues la exigencia de este
depósito es incompatible con el devengo de la tasa exigido por el ejercicio de
la potestad jurisdiccional.
4. Señale cuál de estás competencias no corresponde al Pleno de una
Diputación, de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local:
a) La aprobación de la plantilla de personal.
b) La aprobación y modificación de los Presupuestos.
c) La aprobación de la Oferta de Empleo Público.
d) La fijación de las cuantías de las retribuciones complementarias fijas y
periódicas de los funcionarios.
5. De las siguientes cuestiones, señale cuál no corresponde conocer al orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, según la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:
a) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados
en el ejercicio de funciones públicas.
b) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera
que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no
pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes
jurisdiccionales civil o social, aún cuando en la producción del daño concurran
con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad)
c) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de
los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las
Administraciones públicas.
d) Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas
Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya
6. Cuando el Juez de Menores no dicte sentencia de conformidad tras recibir
el expediente remitido por el Ministerio Fiscal, ¿cuál de las siguientes
decisiones no podrá adoptar?:
a) Practicar las pruebas propuestas por las partes y que hubieran sido admitidas
por el Ministerio Fiscal durante la instrucción.
b) El sobreseimiento, mediante auto motivado, de las actuaciones.
c) La celebración de la audiencia
d) La remisión de las actuaciones al Juez competente, cuando el Juez de Menores
considere que no le corresponde el conocimiento del asunto.
7. Según la LEC, en los procesos que versen exclusivamente sobre la guarda y
custodia de los hijos si los progenitores viven en distintos partidos
judiciales, será Juez competente:
a) El del lugar del último domicilio común de los progenitores exclusivamente.
b) El de la residencia del menor en todo caso.
c) Únicamente el del lugar del último domicilio conyugal.
d) Exclusivamente el Juez del domicilio del demandado.
8. Según la LEC, en los procesos en que se pretenda la condena al pago de las
cantidades debidas por un propietario a la comunidad de vecinos, no se admitirá
al condenado el recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o
casación si:
a) Al interponerlos, no acredita tener satisfecha o consignada la cantidad
líquida a que se contrae la sentencia condenatoria
b) Al prepararlos, no acredita tener satisfecha o consignada la cantidad líquida
a que se contrae la sentencia condenatoria
c) Al prepararlos, no acredita haber constituido depósito del importe de la
condena, más los intereses y recargos exigibles.
d) Al interponerlos, no acredita haber constituido depósito del importe de la
condena, más los intereses y recargos exigibles.
9. Según la LEC, iniciado un procedimiento monitorio si el demandado es
localizado en otro partido judicial:
a) El Secretario judicial acordará librar exhorto al juzgado del domicilio del
demandado para requerirle de pago.
b) Se dictará auto de inhibición a favor del juzgado del domicilio del
demandado.
c) Se dictará auto dando por terminado el proceso reservando al acreedor el
derecho a instarlo de nuevo ante el juez competente.
d) Se dictará auto sobreseyendo el proceso.
10. Conforme al artículo 435 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder judicial, de entre las siguientes afirmaciones señale la incorrecta:
a) La estructura básica de la Oficina judicial estará basada en los principios
de jerarquía, división de funciones y coordinación.
b) La Oficina Judicial funcionará con criterios de agilidad, eficacia,
eficiencia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión,
coordinación y cooperación entre Administraciones.
c) Los puestos de trabajo de la Oficina judicial será cubiertos por personal de
la Administración de Justicia y de la Administración General del Estado.
d) El elemento organizativo básico de la estructura de la Oficina judicial será
la unidad, que comprenderá los puestos de trabajo de la misma, vinculados
funcionalmente por razón de sus competencias.